Félix Barrio, director general de Incibe, llamado la atención ante la proliferación del denominado ‘vishing’, un tipo de ciberestafa por la que los malhechores pretenden usurpar la identidad de los bancos para recabar datos financieros y ejecutar operaciones con engaño. Se trata de «llamadas falsas de empresas de organismos que intentan obtener datos de tarjetas de crédito personales para estafar a los usuarios», según indica Barrio. Al mismo tiempo, el mismo representante ha estimado que el organismo público ha detectado un total de 48.700 usuarios afectados por ciberataques en sus teléfonos móviles a lo largo de los últimos ocho meses, según ha reconocido a la prensa acreditada en el 38 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones.

En respuesta a preguntas de elEconomista.es, el mismo directivo ha explicado que España se sitúa en el cuarto lugar del ranking de las Naciones Unidas en cuanto a capacidades de ciberseguridad y el segundo de Europa detrás de Estonia. En su opinión, España cuenta con «un conjunto de empresas de organizaciones tanto públicas como privadas que están liderando el ranking internacional». De hecho, Barrio ha precisado que «solo EEUU supera a España en equipos de respuesta de ciberseguridad empresariales, por lo que podemos presumir de tener uno de los tejidos empresariales más competitivos en términos de lucha contra el cibercrimen».

En materia de regulación, Barrio ha recordado que las empresas de tamaño medio y grande «van a tener que demostrar cada año que disponen de sistemas de protección de sus clientes y empleados, al tiempo que tienen que someterse a una auditoría anual para ver hasta qué punto están preparados para recibir esos ciberataques».

A su vez, la ley de ciberresiliencia obliga a los gobiernos a poner en marcha un sistema de auditoría de los dispositivos conectados a Internet, que será la gran novedad en los próximos dos años». según sus datos, «nada menos que el 4% de cualquier dispositivo conectado a Internet en el mercado deberá estar vigilado periódicamente para verificar que no entraña riesgos para los usuarios, especialmente los juguetes, dispositivos de salud y biometría sanitaria, donde el nivel de control se fijará hasta en el 10% de todos los productos en el mercado»

 

Fuente -> El economista